La hoja seca que el Gobierno no barre

Existe en la Argentina una ley que todavía obliga a certificar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera. Hay otra que autoriza —por las dudas, no vaya a ser— las emisiones de televisión en color. Y una tercera que exige un carnet para andar a dedo por la ruta. Nadie las usa, no le molestan a nadie, pero siguen ahí, juntando polvo en el Boletín Oficial como hojas secas que el otoño dejó pegadas a la rama.

A ese follaje muerto el Gobierno le declaró la guerra. El Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger bautizó “Ley Hojarasca” al proyecto que en mayo de 2026 obtuvo media sanción en Diputados y que propone derogar alrededor de setenta leyes y decretos sancionados entre 1864 y 2015. La idea es tan simple como saludable: el país acumuló, capa sobre capa, un mantillo de normas obsoletas, redundantes o superadas por el paso del tiempo, y ese mantillo genera costos, burocracia y trabas. Rastrillar el jardín, sacar la hojarasca, dejar respirar el pasto. Difícil estar en contra.

Pero hay un detalle que conviene decir con todas las letras. Mientras el rastrillo entra con energía en el jardín del Congreso, en el propio patio del Poder Ejecutivo quedó una hoja seca que nadie se anima a barrer. Se llama Resolución General 5617 y es la norma que sostiene el famoso “dólar tarjeta”: esa percepción del 30% que aparece, mes a mes, en el resumen de cualquiera que pague una suscripción de streaming, saque un pasaje al exterior o compre en un sitio de afuera. Lo curioso es que la 5617 encaja, punto por punto, en la definición de aquello que la Ley Hojarasca dice querer eliminar.

Repasemos su partida de nacimiento, porque ahí está todo. La resolución se firmó el 18 de diciembre de 2024, apenas cuatro días antes de que caducara el Impuesto PAIS. Su antecesora, la RG 4815, colgaba enteramente de aquel tributo de la Ley 27.541. Cuando el PAIS se apagó el 22 de diciembre, el régimen de percepción quedaba, técnicamente, huérfano. La 5617 fue el instrumento para evitar esa orfandad, y lo dice sin ruborizarse: sus propios considerandos reconocen que el fin del PAIS “obliga a la adecuación de la técnica legislativa” y que se dicta un “nuevo texto ordenado” para “preservar la continuidad y el alcance” de la percepción. Dicho en criollo: no nació para nada nuevo. Nació para que algo que se moría siguiera cobrándose bajo otro nombre. Vino al mundo, literalmente, como hoja seca.

Es la vieja historia argentina, esa que como suele atribuirse a Milton Friedman podría resumirse en que no hay nada tan permanente como un impuesto transitorio. Lo transitorio echa raíces, se naturaliza, y un buen día ya nadie recuerda por qué está.

Hasta acá podría ser una discusión de caja discutible pero comprensible. Lo que vuelve a la 5617 un caso de manual es lo que pasó cuatro meses después. El 11 de abril de 2025, mediante la Comunicación “A” 8226, el Banco Central levantó el cepo cambiario para las personas humanas: desde el 14 de abril cualquiera podía volver a comprar dólares en el mercado oficial, sin el tope de los US$200 y —acá está la clave— sin percepción alguna sobre la compra para atesoramiento. Ahora bien, el artículo 1°, inciso a) de la 5617 grava exactamente eso que dejó de aplicarse: la compra de billetes y divisas “para atesoramiento o sin un destino específico”. Es decir, la resolución todavía lleva escrito en el cuerpo un supuesto que la propia política cambiaria del Gobierno vació de sentido. Una hoja seca dentro de la hoja seca. Texto muerto que nadie se tomó el trabajo de barrer.

¿Y qué hizo el Ejecutivo frente a esa incoherencia? No la derogó ni la limpió: la fue parchando. La RG 5672/25 sustituyó incisos, derogó otros y cambió cuadros; la RG 5677/25 sumó nuevas excepciones. En lugar de rastrillar la hoja, le pegaron cinta y la dejaron colgando. Y así una norma que perdió a su tributo madre y buena parte de su objeto original sigue ramificándose hacia los costados, cada vez más frondosa y menos legible.

¿Por qué sobrevive, entonces? La respuesta, como casi siempre en la Argentina, está menos en el derecho que en la caja. Los números explican la resistencia. Según datos oficiales a los que accedió Infobae vía un pedido de información pública, durante 2025 el Estado recaudó $1,5 billones por percepciones de Ganancias asociadas a estas operaciones —un 4,1% de lo que rindió ese impuesto— más $93.139 millones por Bienes Personales. El Cronista, con otro pedido de acceso a la información, mostró que entre enero y abril de 2026 la percepción de Ganancias aportó $527.859 millones y la de Bienes Personales $34.668 millones, esta última nada menos que el 14,7% de todo lo que ese tributo recaudó en el cuatrimestre. No es una propina. Es un caño que colabora con el superávit fiscal, y ningún gobierno que hizo del equilibrio de las cuentas su bandera resigna semejante flujo sin pelear.

Pero hay una arista que las otras miradas suelen pasar de largo, y es la más incómoda. La 5617 se presenta como un régimen de percepción, un pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales. En la teoría, quien la sufre la recupera. En la práctica, para el enorme universo de monotributistas y de personas no alcanzadas por esos impuestos, ese 30% no es anticipo de nada: es costo puro. La devolución existe, sí, pero llega tarde, exige clave fiscal, CBU y paciencia, y se licúa con la inflación mientras se tramita. Lo que en el manual es un “pago a cuenta”, en la vida real de millones funciona como un impuesto encubierto, cobrado en la fuente y de recupero cuesta arriba. La percepción que se disfraza de crédito y termina siendo peaje.

Y por si el laberinto fuera poco, la propia norma dejó abierta su vía de escape, y ahí el sinsentido se vuelve directamente teatro. Cualquier persona física que quiera esquivar el 30% puede hacerlo con una coreografía ya conocida: pide el stop debit en el banco, entra al home banking, compra dólar ahorro al oficial y con esos mismos billetes cancela el consumo en dólares de la tarjeta. Listo, no paga la percepción. Es decir, el mismo Estado que impuso el recargo dejó la ventana abierta para no cobrarlo, a condición de conocer el truco, tener caja de ahorro en dólares y dedicarle el rato. Un circo perfecto: el que sabe se lo ahorra, el que no sabe lo paga, y en el medio sólo queda burocracia pura —dos operaciones bancarias para neutralizar un tributo que, se supone, ni siquiera es un tributo—. Con eso no se genera un solo dólar genuino ni una sola estadística útil: es esfuerzo social quemado en barrer a mano una hoja que debería haberse caído sola.

Y ahí aparece la contradicción de fondo. Un Gobierno que quiere quemar leyes de palomas y de televisión en color por estar “superadas por el paso del tiempo” mantiene, por decisión propia y sin necesidad de pasar por el Congreso, una resolución que perdió a su tributo madre, que conserva letra muerta sobre un cepo que él mismo levantó y que sobrevive a la liberalización que él mismo celebró como un hito. La Ley Hojarasca es una gran idea. Sería una idea mucho mejor si el rastrillo, alguna vez, también cruzara la puerta del propio patio.

Porque depurar el ordenamiento no es solo prolijidad jurídica: es coherencia. No se puede predicar la poda de la hojarasca ajena mientras se riega la propia. El día que la 5617 se derogue —o al menos se le saque el texto que ya no rige y se le ponga fecha de vencimiento al dólar tarjeta— la Argentina no habrá perdido una caja. Habrá empezado a alinear la letra chica con el discurso. Y habrá aprendido, por fin, que el otoño no se termina de barrer hasta que uno mira debajo del propio escritorio.

Fuente: El Cronista 06/08/2026