INTRODUCCIÓN

Cuando la Comisión Redactora del Código Aduanero argentino se propuso terminar, entre otros objetivos, con la multiplicidad de instancias que debían recorrerse para llegar a la decisión final en los procedimientos relativos a la aplicación de los tributos y al juzgamiento de las infracciones aduaneras, tropezó con la oposición del sector privado1. 

La Comisión Redactora creía que la cantidad de instancias intervinientes a la hora de determinar los tributos y aplicar sanciones por infracciones aduaneras era excesiva, y se propuso suprimir dos de ellas. Hasta entonces las instancias eran cuatro, según el art. 4 del decreto-ley 6692/1963 que remitía al régimen procesal impositivo establecido de los arts. 78 y siguientes de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones): administrador de la aduana jurisdiccional, Administrador Nacional de Aduanas, Tribunal Fiscal de la Nación o justicia federal, y finalmente, Cámara Federal de Apelaciones. La Comisión evaluaba reducirlas al administrador de la aduana en cuya jurisdicción se produjeron los hechos y la Cámara Federal…