Cuando hablábamos de derecho aduanero en el pasado, hablábamos de un derecho con exacerbado arraigo “territorial” y nacional. La renta aduanera era la sangre vital del Estado, y enormes guerras internas (civiles) y externas se llevaron adelante en los países del mundo por su distribución (piénsese en lo que significó la importación de “té” para la independencia de los EE.UU., o de “sal” para la India).

A mediados del Siglo XX, con el resurgimiento del liberalismo económico luego de la II Guerra Mundial, aparecieron los procesos de integración económica y las uniones aduaneras, que trajeron aparejado que estos espacios nacionales fueron cediendo soberanía (tal vez el término adecuado sea “mutando soberanía”, porque la misma no se pierde, sino que se transforma e incluso se fortalece) en favor de organismos supranacionales y fusionando sus territorios políticos en un mismo territorio aduanero, con todo lo que ello implicaba, pero en particular, un aspecto de singular importancia, la armonización de sus legislaciones aduaneras.

Es aquí donde…